La audiencia comenzó a las 9, pero con el quórum más estricto, gracias a que el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, llegó temprano, aún a pesar de que estaba interinamente a cargo del Poder Ejecutivo. Pero al poco rato, la cantidad de miembros ya estaba garantizada con el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur; los representantes de los jueces del sur, Mirta Ibáñez de Córdoba y Edgardo Sánchez (suplente); los referentes de los abogados de esa circunscripción, Jorge Cinto y Carlos Correa (suplente); y el legislador opositor Esteban Jerez.

Ellos fueron los miembros del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que el martes, en Concepción, tomaron la entrevista a los siete abogados que pasaron a esa etapa final del proceso de selección como candidatos a cubrir la vacante de juez penal de instrucción de la II Nominación de Concepción, cargo que está acéfalo desde hace casi dos años. Poco más de tres horas les llevó a los consejeros interrogar a los postulantes y definir el orden de mérito del concurso.

Cada vocal se distribuyó un rol como interrogador. Amado abría la ronda, preguntando alternativamente sobre si el nuevo procedimiento de flagrancia vulnera el derecho de defensa, o sobre las motivaciones individuales del candidato para ser magistrado. Luego era el turno de Ibañez, quien se centraba sobre la misión de un juez de instrucción y el concepto de equipo de trabajo (gestión laboral); para después dar paso a Cinto, abocado a los contactos entre el Derecho Penal y el Civil referidos a dos situaciones procesales: la exclusión de personas del hogar y a la entrega anticipada de inmuebles.

Sánchez inquirió sobre el valor probatorio de las actas policiales tomadas sin intervención judicial y de los privilegios de los intendentes para evitar ser investigados o juzgados (Derecho Procesal aplicado. Correa preguntó sobre el fallo de la Corte nacional que declaró inconstitucional la Ley de Contravenciones de la Provincia. Jerez alternó entre las posiciones personales del candidato sobre el aborto o la pena de muerte y los principios garantistas del derecho.

Terna sin cambios

La lista con los tres mejores promedios será elevada al Poder Ejecutivo, con la expectativa de que el cargo sea cubierto durante lo que queda del año, acuerdo parlamentario mediante.

La nómina definitiva de la terna está compuesta por el ex juez penal Guillermo José Acosta; el ayudante fiscal en el Centro Judicial Capital, Jorge Antonio Echayde, y Ramón Guillermo Orso. Y aunque el primero obtuvo en la entrevista dos puntos menos que el segundo, no variaron las posiciones en los tres primeros puestos respecto de cómo habían quedado después de la fase de la evaluación de los Antecedentes y de la prueba de Oposición). (Ver notas de esta página).

Lo que le permitió a Acosta encabezar la nómina fue el examen escrito que rindió, por el que logró 50 puntos, apenas cinco menos que el máximo posible. Su interrogatorio fue el más extenso, con 50 minutos de duración (los otros respondieron entre 20 y 10 minutos, cada uno). Sin embargo, enfrentará un escollo cuando se evalúe su caso: tiene 60 años, lo que lo pone cerca de la jubilación. De hecho, al momento de evaluar el acta final, los vocales del CAM hicieron mención de este aspecto.

Ganó el local

Ramón Rojas y Miguel Flores empataron en el puntaje en todas las instancias. Esto obligó al CAM a emplear por primera vez el beneficio de la residencia en la zona de jurisdicción del centro judicial que se concursa para definir los lugares. Por ello, Rojas quedó cuarto.

Este criterio es un constante pedido de los letrados del sur, quienes suelen reclamar contra la postulación de abogados que viven en la capital. Precisamente, ese es el caso de los integrantes de la terna.

Quien mejor consideración obtuvo por sus respuestas a los miembros del CAM fue el secretario judicial Carlos López, calificado con nueve puntos, lo que le permitió superar en medio punto a Víctor Fleitas, y ubicarse sexto.